«No es fácil decir “ojalá mi madre me hubiera
abortado”. La derecha nos quiere hacer ver el
aborto como un acto de cobardía, egoísmo o
conveniencia de la mujer. Pero para muchas
mujeres, como mi madre, abortar sería un
inconveniente acto de valentía y generosidad».
—Lynn Beisner—
La paternidad es una labor de enorme importancia social y de gran dificultad. Los padres deben ser un modelo para sus hijos y casi siempre, en efecto, ejercen sobre ellos un poderoso ascendente. Por ejemplo, es muy probable que si tu padre fue el abogado que defendió la inconstitucionalidad de la Ley del aborto en 1985, tú, Ministro de Justicia en el 2012, quieras hacer otro tanto.
Y de aquellos polvos, como se suele decir, estos lodos. Nuestro ínclito ministro, Ruíz-Gallardón ha anunciado, como es de todos sabido, no solo que derogará la vigente ley de plazos, sino que, además, anulará el llamado «supuesto eugenésico», por el que se permitía abortar cuando el feto presentara graves malformaciones.
Así, el gobierno pretende aprobar una normativa que no solo nos lleva atrás en el tiempo, hasta los años ochenta, sino que esto le parece poco, y quiere una ley incluso más restrictiva que la de entonces. Si se sigue adelante con este empeño, España se situaría a la cola de la Unión Europea, solo por delante de Malta —donde el aborto está totalmente prohibido—, y de Irlanda —que solo admite el supuesto de peligro para la vida de la madre—, e incluso por detrás de la conservadora Polonia (!).
Lo que es peor, la norma que se pretende [re]introducir no solo es restrictiva, sino que será generalmente inútil y altamente perniciosa, porque las mujeres no dejarán de abortar porque se les prohíba hacerlo; simplemente recurrirán a abortos clandestinos o ilegales, que son más traumáticos y peligrosos.
En el mejor de los casos, la nueva situación sería la anterior a la Ley de plazos: un manifiesto y generalizado fraude a la ley, en el que el aborto estaba limitado de iure, pero era totalmente libre de facto, a través de la indicación terapéutica de peligro psicológico para la madre (en 2009, el 96,74% de todos los abortos practicados cayeron bajo ese supuesto). La vieja hipocresía de «hagámoslo, pero que no parezca que lo hacemos». Sin embargo, este panorama es atroz, ya que conduce a una inaceptable inseguridad jurídica y ansiedad en un momento tan delicado como es la interrupción de un embarazo.
En el peor de los supuestos, sin embargo, se procederá a una verdadera persecución contra las mujeres, lo que llevaría a una catastrófica situación de abortos clandestinos o poco seguros. Se estima que, en toda Europa, el número de estos abortos varía entre 500.000 y 800.000, anualmente.
La nueva prohibición tendría, además, efectos discriminatorios. En el caso de aquellas mujeres que puedan permitírselo, basta con cruzar la frontera a otro Estado miembro de la Unión Europea para obtener un aborto perfectamente legal, ya que el Tribunal de Justicia determinó que el aborto es un «servicio médico» que goza, por tanto, de la libertad de prestación dentro del mercado interior (caso SPUC). Es decir, serían las mujeres más vulnerables, las más pobres e ignorantes, las que tendrían que soportar el peso de la ley, mientras que las adineradas harán lo de siempre, irse al Reino Unido.
El Ministro afirma que el Tribunal Constitucional ya se manifestó sobre esta cuestión en 1985 (cuando su padre defendió la inconstitucionalidad de todo aborto, ¿recuerdan?). Es cierto. En aquella sentencia el alto tribunal, con excelente criterio, dijo que el concebido carece de derechos —en particular el de la vida—, ya que no es una persona. Pero añadió que el nasciturus —esto es, el concebido no nacido— era merecedor de protección, ya que su vida es un «bien jurídico constitucionalmente protegido». Sin embargo, incluso entonces reconocieron los magistrados constitucionales que esa protección no era absoluta, y que admitía límites. De cualquier forma, aunque se admitiera que el Tribunal Constitucional excluía la posibilidad de una ley de plazos, es evidente que sus sentencias y su doctrina no están grabadas en piedra, de una vez y para siempre. Por el contrario, la misma naturaleza de las normas jurídicas, y de los principios sociales que son su fundamento, hacen necesaria su evolución a lo largo del tiempo. Es perfectamente posible que el actual alto tribunal llegara a una conclusión distinta a la del tribunal de 1985, cosa que solo sabremos cuando se pronuncie de nuevo sobre la materia (aunque para entonces su sentencia será inútil, ya que la ley habrá cambiado con toda probabilidad).
Más allá de los argumentos jurídicos y de las frías estadísticas, la nueva ley, de salir adelante, esconderá el drama de miles de mujeres, que se verán abocadas a mentir o a salir del país para evitar un embarazo no deseado, y que sentirán la espada de Damocles de la ley perpetuamente sobre sus cabezas. Se trataría de una inadmisible injerencia del Estado en la vida privada de esas personas, que además no estaría justificada por la ciencia o la medicina, sino únicamente por las convicciones
